Los sindicatos del sector público argentino dan un impulso a Milei

El sector público argentino está en guerra contra Javier Milei por ser la principal víctima de la motosierra del presidente ultraliberal. Cientos de personas protestaron contra los inmigrantes a las puertas de ministerios pacientes y organismos estatales a pesar de la búsqueda de 15.000 trabajadores de la administración pública nacional, mientras el gobierno no renovaba los contratos que comenzaron el 31 de marzo. Este año será el turno de la educación pública: los sindicatos docentes convocaron a una manifestación de protesta por la eliminación del fondo de incentivo docente (Fonid) con el que el Estado nacional financia parte de los fondos del personal.

En los despachos oficiales el ambiente es cada vez más tenso. “Unidad de los trabajadores y de los que no les gusta si jode, si jode”, cantaban los manifestantes que el miércoles intentaron ingresar de inmediato a la Secretaría del Trabajo. Políticas federales y guardias de seguridad custodian todos los accesos e impiden que los despachadores ingresen al lugar donde trabajan hasta la semana pasada. Uno de los 50.000 vehículos más está en el lado derecho de la vía: les renovaron el contrato por tres meses más, pero aún los revisan: si no sabes si han pasado, los siguientes se quedarán en la calle .

Las protestas fueron convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de empleados públicos de Argentina. Junto a la Secretaría de Transporte, se realizarán concentraciones en las sedes de la Cancillería, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Alto Retorno del Deporte (Cenard) o el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En este último, cerrado por el Gobierno de Milei, los manifestantes abandonaron la puerta y trasladaron la protesta al interior del edificio donde funcionó esta organización pionera en América Latina en la lucha contra la discriminación.

“Están tratando de proteger las dependencias públicas de la política”, denunció en redes sociales el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar. «No hay dinero para comprar consuelo, no hay dinero para comprar remedios, pero sí dinero para reprender», critico. Desde las puertas de la Secretaría de Trabajo, Aguiar defendió al empresario público y bloqueó el discurso gubernamental que equiparaba a los trabajadores estatales con las personas que no trabajaban, conocidas en Argentina como «ñoquis».

Integrantes de ATE durante la protesta de este miércoles en Buenos Aires.Cristina Sille (Reuters)

Aunque ATE estimó que los trabajadores despedidos en los últimos días rondaron los 11.000, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aumentó la cifra a 15.000. A estos, pese a los recientes, se suma la incorporación de otros 9.000 empleados públicos nacionales en los primeros tres meses del Gobierno de Milei.

Adorni advirtió que habría represalias contra aquellos manifestantes que hubieran venido «al margen de la ley», pero las protestas de los milagros se resolvieron sin detención.

Más educación privada

Este jueves, el protagonismo de las protestas se ha traducido en escuelas y universidades públicas. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha convocado a una huelga general a los trabajadores docentes de todo el país. El sindicato solicita que el Gobierno responda al Fonid, un fondo que el Estado nacional envió a las administraciones provinciales para integrar a sus docentes. Los intendentes de los gobiernos provinciales no pueden aceptar estos fondos, según sugiere un informe En realidad de los accesos de profesores y profesores.

Los sindicatos que defienden a los trabajadores protestantes de la educación pública han trabajado por el ajuste presupuestario aplicado en el Gobierno: los fondos para este año son los mismos que en 2023, pero la inflación del 211% registrada el año pasado ha reducido su valor a un tercio. Sin una nueva inyección de fondos frescos, la mayoría de las universidades públicas no tienen garantizado su funcionamiento durante la segunda mitad del año.

El mensaje a los colegios estatales contrasta con la extraordinaria ayuda que recibirán las familias que envíen a sus hijos a centros privados. El Gobierno abrió la inscripción esta semana para ofrecer «vales de educación» por un valor equivalente a 30 dólares al mes para ayudar a pagar la universidad. Según cálculos oficiales, millones de estudiantes se beneficiarán de la meditación.

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